La Junta Federal de Control Fiscal que el gobierno de Estados Unidos pretende imponer a Puerto Rico no es más que la colonia al desnudo. En medio de la crisis económica que vive Puerto Rico (bajo dominación estadounidense) no es momento para que el poder imperial cree palabras y frases que intenten encubrir el colonialismo como ha sido la regla, qué mejor ejemplo que esa aberración llamada «estado libre asociado», ahora se puede hablar de una junta de control fiscal sin mayores explicaciones ni adornos. Estamos presenciando el hundimiento del ELA, y el gobierno de Estados Unidos y sus lacayos en Puerto Rico solo buscan salvar los intereses de los ricos y de las grandes corporaciones estadounidenses que de nuestra tierra arrancan miles de millones de dólares en ganancias de una economía cautiva.
Es sencillo, para salvar el dinero de los ricos, Estados Unidos hará lo necesario. Pero, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es quitarse la máscara e imponerle al pueblo puertorriqueño una “junta” a la que el país no ha elegido para que decida cómo se maneja el dinero del pueblo. Para ver de manera sencilla las atribuciones que tendría la llamada Junta de Control Fiscal, mencionaremos varios ejemplos. La Junta de Control Fiscal estaría compuesta de cinco personas nombradas por el presidente de Estados Unidos. Esas cinco personas se atribuirán el poder de decidir antidemocráticamente sobre la utilización del presupuesto y su aprobación. En otras palabras, el gobernador y los legisladores serán sus empleados y no funcionarios electos por el pueblo para administrar el dinero público. Estados Unidos, país que tanto gusta de andar por el mundo dando recetas de democracia, en su colonia se salta las reglas con el fin de garantizar que los bonistas reciban su pago, aunque la calidad de vida del pueblo empeore cada día más.
En cuanto a la aprobación del presupuesto, el pequeño club de los ricos que llaman Junta de Control Fiscal es quien realmente decide, no los funcionarios electos por el pueblo. El gobernador de Puerto Rico, sea quien sea, primero tendrá que presentar a la Junta sus planes presupuestarios y si ésta lo aprueba, entonces se somete a las cámaras legislativas. La Junta, además, fiscalizará que el presupuesto aprobado cumpla con sus órdenes, de lo contrario el gobernador tendrá un plazo de quince días para obedecer las órdenes imperiales. Una vez la Legislatura trabaje con el presupuesto que le presente el gobernador (el cual a su vez debe seguir las directrices de la Junta), ésta debe, con un mes de antelación presentar el presupuesto que será sometido a aprobación a la Junta de Control Fiscal para, en arroz y habichuelas, pedirle permiso para convertirlo en ley. La cosa no queda ahí, la Junta de Control Fiscal tendrá poder para prohibir transacciones que excedan los $100,000 e imponer recortes.
Por supuesto, la Junta Federal de Control Fiscal no viene a velar por el buen uso del dinero del pueblo. Su verdadera y única tarea es velar por los intereses económicos de la banca, los fondos buitre, los bonistas y las grandes corporaciones extranjeras. Para lograr su fin, la Junta Federal de Control fiscal no posee una varita mágica, para lograrlo será necesario aplastar aún más a la clase trabajadora y a los pobres que somos la absoluta mayoría y quienes movemos el País, entiéndase despidos, recortes en educación, salud, más impuestos, recortes de derechos a la clase obrera, encarecimiento de los productos, en fin, una penosa lista que solo toca a la clase trabajadora y a los pobres.
Lo anterior es prueba, no solo de que vivimos bajo un sistema colonial sino que también vivimos bajo una dictadura del capital. Aquí se hace lo que el imperio y los ricos digan. Si alguien creyó que el ELA había acabado con que nos mandaran desde afuera, aquí tiene otra bofetada a ver si despierta. La Junta Federal de Control Fiscal del siglo XXI no tiene nada que envidiarle a aquellos días en que el presidente de EEUU nombraba a los gobernadores de Puerto Rico. El circo electoral de noviembre de 2016 cumplirá con su cometido, por un lado legitimar el gobierno de los ricos y de la colonia con una falsa democracia, y continuar desmovilizando al pueblo por el otro. En este momento histórico una manera de poner en entredicho el sistema es deslegitimarlo. La participación en la trampita de las elecciones coloniales (como las llamaba Albizu), es seguir bailando al son de las cadenas. Por supuesto, el boicot a ese andamiaje colonial de las elecciones debe estar acompañado de la acción en la calle.